febrero 26, 2021

Milisenda se asocia a Cambiemos y van por la cooperativa de Puerto San Martín

La cooperativa de Puerto San Martín sigue tensionada por diversos actores que buscan posicionarse en el negocio de los servicios portuarios y que, para ello, buscan profundizar la crisis desatada con la caída de Herme Juarez y bombardean la intervención ordenada por la Justicia Federal.

 

A un año largo de intervención (la mayoría de este plazo transcurrido durante la pandemia) fuentes judiciales afirman no haber podido encontrar aún la totalidad de la documentación que permita sanear la cooperativa “…la opacidad de la gestión y la evaporación de fondos y registros es tal que todavía no hemos llegado a dimensionar la totalidad del problema” afirman aquellos que han podido ver algo de la información que desanda los desaguisados de “Vino Caliente”.

En este escenario surge la figura de Adrián Milisenda, dueño de la empresa que compite con la cooperativa en jugoso negocio de la estiba, a quien se lo sindica detrás de la ofensiva final para quedarse con la totalidad del negocio y para ello busca “implosionar la cooperativa desde adentro” como le contó a este portal un trabajador atemorizado ante la escalada de hechos violentos que suceden alrededor de la cooperativa.

Muchos actores del sector recuerdan que Milisenda creció exponencialmente en la región del sur de la provincia de Santa  Fe de la mano  de Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la gestión de Mauricio Macri, aprovechando la caída en desgracia de Juárez.

La idea del empresario es desembarcar en la cooperativa a través de un grupo minoritario de socios nucleados en la lista Celeste y Blanca.  Para ello han convocado a un concejal de Cambiemos de la vecina ciudad de Pérez, Federico Jolly, que se presenta como asesor legal de la agrupación. Sin embargo, Jolly es más que eso. Aprovechando sus vinculaciones con el gobierno macrista fue introduciéndose en la cuestión del SUPA a tal punto que hoy integra el comité normalizador del Sindicato en el marco de una acuerdo avalado por el Ministerio de Trabajo y que incluye al propio Juarez. No son pocos los que ven atrás de Jolly una definición estratégica de la conducción del PRO santafesino.

El dirigente de Cambiemos ha estado personalmente al frente de las acciones de protesta llevadas adelante por este grupo  y también ha protagonizado acciones intimidatorias en contra de la intervención para forzar la entrega de la Mutual a la lista Azul y Blanca tal como surge de algunos videos que trascendieron por las redes sociales dónde se ven la virulencia de los ataques a tal punto que originó una denuncia penal en su contra.

En este contexto, en las últimas horas se conoció una planilla contable que generó indignación en todos los socios: dirigentes que pertenecen a la lista Celeste y Blanca retiraron en concepto de “anticipos” cifras que superan el millón de pesos mientras que otros estibadores solo pudieron acceder a montos irrisorios, que rozaron los diez mil. Esta disparidad entre socios es uno de los tantos desfasajes financieros que se produjeron durante este último año

La “contabilidad creativa” de la cooperativa que permitía estos manejos era llevada adelante por Graciela Mottironi quien ejercía el cargo de Contadora General de la Cooperativa de Trabajos Portuarios mientras Herme Juárez presidia la entidad. Mottironi fue el único personal jerárquico que en su momento no fue detenida en el marco del megaoperativo que montó la Justicia Federal en agosto del 2019, para detener a los hermanos Juárez y a colaboradores de las Cooperativas de San Lorenzo y Puerto San Martín.

La funcionaria no era empleada de la Cooperativa de Trabajos Portuarios y cumplía un rol como prestadora de servicio externo, facturando mensualmente para así poder cobrar sus honorarios. Según relatan fuentes allegadas a la entidad, “curiosamente”, y “a poco de ingresar la primera intervención que lideraba Juan Schaer, fue incorporada a la planta permanente y asociada a la Cooperativa junto a una veintena de administrativos”.